Frente al reciente comunicado oficial, enviado negligentemente por el Gobierno Provincial y reproducido por diversos medios de comunicación en el que el Ejecutivo de Alfredo Cornejo intenta mostrar una supuesta derrota de AMProS en la discusión legal sobre los topes salariales, es imprescindible aclarar que lo difundido no es más que una versión tendenciosa que ignora deliberadamente el verdadero estado de la causa judicial.

Aunque el Gobierno pretenda presentar un debate procesal como una derrota definitiva, lo cierto es que el tema de fondo, la constitucionalidad y aplicabilidad de la Ley de Topes, está lejos de haberse resuelto. Por el contrario, AMProS mantiene desde 2018 el firme compromiso de agotar todas las instancias judiciales y obtener una sentencia imparcial y concluyente.

Ante una Corte con mayoría claramente afín al gobernador Cornejo y una administración alineada con sus intereses, nos hemos visto obligados a librar diversas batallas judiciales desde la declaración de constitucionalidad impulsada por esa mayoría automática. Los esfuerzos judiciales no se han detenido, y esta entidad gremial continúa ejerciendo todas las vías legales a su alcance para proteger a sus afiliados frente a la aplicación de una norma que se considera violatoria de garantías constitucionales y derechos adquiridos.

Así, y lejos de discutir admisiones procesales parciales que no abordan el fondo de los derechos en juego, en mayo de 2023 AMProS promovió una acción declarativa de certeza en los autos N.º 13-07223200-8, caratulados: “ASOCIACIÓN MENDOCINA DE PROFESIONALES DE LA SALUD (AMProS) C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN DECLARATIVA (ART. 3 CPCCyT EN MATERIA DE COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA)”. En dicha acción se debate expresamente el alcance e inconstitucionalidad de la Ley N.º 8727, cumpliendo uno por uno los requerimientos efectuados por la Corte en pronunciamientos anteriores.

En ese marco, las paritarias establecieron que los incrementos salariales acordados prevalecen sobre cualquier disposición legal o convencional en contrario, considerando derogadas todas aquellas normas que los contradigan. Sin embargo, el Gobierno de la Provincia incumplió dichos compromisos y continuó aplicando la Ley de Topes a los profesionales de la salud, en flagrante contradicción con las actas paritarias firmadas y ratificadas por ley.

Resulta, cuanto menos, lamentable que el Gobierno de Mendoza tergiverse y celebre una supuesta victoria que no es tal, en un claro intento de confundir a la ciudadanía y debilitar la legítima defensa gremial. Basta con señalar la existencia de medidas cautelares recientes y vigentes a favor de afiliados para constatar que la discusión judicial se mantiene absolutamente activa.

Por ello, reiteramos que la inaplicabilidad de la Ley de Topes se circunscribe específicamente a los profesionales de la salud representados por AMProS. Exigimos el respeto a lo firmado y ratificado por el propio Gobierno, y no nos prestaremos a discusiones estériles o formales que nada aportan a la solución de fondo.

Mediante esta acción, plenamente vigente y activa, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud procura obtener una sentencia que surja de una voluntad en pleno de todos los jueces de la Corte Provincial, entiendo está ultima como única vía para lograr una decisión acabadamente imparcial.

En consecuencia, no existe una “batalla perdida”: la discusión jurídica está más vigente que nunca.

Asimismo, más de 600 profesionales de la salud alcanzados por el tope salarial mantienen reclamos administrativos en curso contra la aplicación de la Ley N.º 8727 en el ámbito de la salud pública de Mendoza. Denuncian no solo la vulneración de acuerdos paritarios previos, sino también la transgresión de leyes complementarias y principios constitucionales. En muchos casos, han solicitado de forma subsidiaria la reducción de la jornada laboral como mecanismo para evitar la merma salarial, la desmotivación profesional y el consiguiente deterioro en la calidad de la atención sanitaria.

Es importante destacar que existen profesionales de la salud que han obtenido resoluciones judiciales cautelares declarando inaplicable la ley cuestionada, reafirmando la vigencia de las acciones judiciales en curso. En estos fallos, Nuestra Corte Provincial con notorio resguardo de los derechos en juego y ante la evidente gravedad que reviste la aplicación de la Ley de Topes, se ha ordenado al Gobierno de la Provincia exceptuar al actor de la aplicación de la Ley N.º 8727.

Recientemente, se han dictado y continúan vigentes medidas cautelares por parte de la Suprema Corte de Justicia, con integración de mayorías no automáticas. Tal es el caso de los autos “G., G. R. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ART. 22 Y SGTES. CPA)”, Expte. N.º 13-07483165-0. Estas resoluciones judiciales vigentes demuestran, sin lugar a dudas, que la contienda jurídica dista mucho de haber finalizado.

Resulta indubitable que estamos ante una grave violación de los derechos de negociación colectiva. Por ello, nos encontramos tramitando denuncia formal ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, exponiendo el incumplimiento del Gobernador de la Provincia de Mendoza, de las recomendaciones sobre la ilegalidad de la Ley de topes, por la vulneración del derecho internacional del trabajo, así como de la normativa constitucional.

La lucha continúa. Lejos está de haberse agotado. Por el contrario, hemos resistido con firmeza los embates de una justicia caprichosa y alineada con el Ejecutivo. Las medidas cautelares continúan vigentes; los reclamos administrativos por la inaplicabilidad de la Ley de Tope siguen su curso; y se aguarda un pronunciamiento de fondo de la Corte en pleno.

Exhortamos a todos los profesionales de la salud y a los medios de comunicación a informarse adecuadamente, a analizar los hechos y a advertir los datos... no el relato del Gobierno de Cornejo Bonaparte.