La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) mantuvo esta mañana una reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados para plantear la defensa de los derechos de los profesionales de DAE (Dirección de Acompañamiento Escolar), ex DOAITE. Estos profesionales solicitaron a la entidad gremial la urgente intervención, debido a la implementación de la Resolución 4896/24, por ser ilegal, ilegítima e inconsulta. La normativa vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, protegidos por la Ley 26.061, obligando a los profesionales a ejecutar acciones ilegales y iatrogénicas.

Los profesionales de DAE son profesionales de la salud, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y fonoaudiólogos, con leyes de carrera y con incumbencias profesionales propias, las cuales serían avasalladas por esta nueva resolución. Si bien AMProS mantuvo reuniones con representantes del Ejecutivo, como con la jefa de Gabinete Daniela García y la directora de la DAE Carina Gannan, el Ejecutivo no hizo lugar a ningún requerimiento.

Las licenciadas Beatriz Zanini, prosecretaria gremial y Miriam Serraboguña, prosecretaria de Asuntos Institucionales de AMProS, destacaron que “la DGE desconoce la identidad de la DAE, al no reconocer a los profesionales de la salud como tales en su trabajo con la educación.

“Esto perjudicará directamente a niños, niñas y adolescentes, sus familias y las comunidades educativas de toda la provincia y destruye el trabajo en equipo, promoviendo la monodisciplina. En el marco de las condiciones laborales de los profesionales, hablamos de una situación de contratación precarizante, ya que cobran por horas cátedra; es decir, les exigen su matrícula como tales (profesionales de la salud), pero perciben salarios como docentes”.

Más de 300 profesionales desempeñan tareas propias de la salud, algunos con cargo de planta en el Régimen 27, otros con cargo titular como docentes y otros con suplencias docentes y/o misiones especiales. Todos ellos desarrollan las mismas funciones y les exigen matrícula habilitante como profesionales de la salud.

En el encuentro la entidad gremial dejó claro que la situación de la atención de la salud mental de la provincia es muy grave y se intenta cubrir de alguna manera con estos profesionales, el déficit que el Ministerio de Salud posee respecto a esta problemática.

La Comisión de Derechos y Garantías mantuvo el compromiso de solicitar una reunión con representantes de la Dirección General de Escuelas y profesionales de DAE.