La Ley del poder político que desmantela la Salud Pública de Mendoza
La Ley de Tope Salarial, que según la Organización Mundial del Trabajo modifica convenios vigentes, propicia el éxodo de profesionales de la salud a otras provincias y países donde son reconocidos los que más se especializaron y más horas cumplen prestando sus servicios. "Hacen demagogia con la Salud Pública de los mendocinos" afirmó Iturbe, titular de AMProS.
AMProS
Los tres gobernadores mendocinos que defienden la ley que la OIT recomienda no aplicar
Jueves 30 de Marzo de 2023

En un contexto de inflación mayor al 100% anual que hace que los sueldos pierdan cada año poder adquisitivo, la Ley de Tope Salarial sancionada en el gobierno de Francisco Pérez y defendida por todos los gobernadores que lo sucedieron, atenta más que nunca contra la Salud Pública de Mendoza. Es que aquellos profesionales que tienen mayor carga horaria, bloqueo de título y no pueden prestar sus servicios en el ámbito privado se encuentran atrapados por un tope salarial que es inconstitucional y que, según la Organización Mundial del Trabajo, “tiende a restringir el ámbito de las negociaciones colectivas y que modifica convenios colectivos vigentes”.

Sin embargo, la norma por la que AMProS llegó hasta la Suprema Corte con su reclamo, tiene un trasfondo mucho peor que su inconstitucionalidad y es la afectación que hace a la Salud Pública de la provincia, con profesionales que optan por el éxodo a otras provincias o países en los que reconozcan su preparación y trabajo, o bien al sector privado. Lo mismo ocurre cuando los jóvenes profesionales de la salud de Mendoza desechan las especialidades por ser mal remuneradas por el Estado. El circulo vicioso de impericia y desconocimiento de los dirigentes políticos termina sin profesionales en especialidades clave y con la población más postergada pagando con vidas lo que se decide de manera unilateral y sin conocimiento.

Una vez sancionada la Ley de Tope Salarial, AMProS elevó una queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT, quien luego hizo una recomendación al Gobierno de Mendoza advirtiendo que “una legislación que modifica convenios colectivos que ya estaban en vigor desde hacía cierto tiempo y que tiende a restringir el ámbito de la negociación colectiva, es contraria a la negociación colectiva voluntaria, pues corresponde a la partes determinar los temas a negociar", según dice textual la respuesta del organismo que a nivel mundial rige el destino de los trabajadores, en este caso profesionales de la salud esenciales para cuidar la vida de los mendocinos.

El informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT referido al conflicto entre el Gobierno y AMProS culmina con un pedido explícito acerca del destino del tope salarial: "El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado del recurso de inconstitucionalidad (ley 8.727) en trámite por ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y sobre toda medida que pueda adoptar al respecto".

Lo cierto es que como casi todas las normas armadas por el poder político, la Ley de Tope Salarial paradójicamente no alcanza a jueces, al fiscal de Estado, al asesor de Gobierno, al presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, al contador y tesorero de Mendoza y al Superintendente y los consejeros de Irrigación.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS afirmó al respecto, mientras busca plantear el tema entre los legisladores que pertenecen a las Comisiones de Salud: “El Tope Salarial es demagogia pura, está atado a si el gobernador de turno tiene formación académica o no, a si quiere bajarse el sueldo, algo que ha ya pasado. Además, todos sabemos que el titular del Ejecutivo gastos que no entran en su bono de sueldo, viajes pagados, se mueve el auto oficial y tiene seguridad y comida pagada por los mendocinos, entre otras cosas”.

Y agregó: “Esta ley, que es inconstitucional, afecta al Recurso Humano Crítico a los que más trabajan, a los que por su especialidad tiene exclusividad con el Estado y a las funciones jerárquicas. Vamos derecho a las renuncias masivas y a desproteger a la población. Un ejemplo de esto es el acuerdo al que luego de mucho esfuerzo llegamos con Terapistas Infantiles para evitar el éxodo y propiciar que los jóvenes elijan especialidades que escasean. Son profesionales altamente calificados que tuvieron que dejar sus consultorios privados y con sorpresa recibieron su {ultimo bono con recortes de hasta el 30% de sus haberes”.

Según la titular de AMProS: "En cada acuerdo paritario entre el AMProS y el Gobierno queda expresado en el acta que se deroga toda norma en contraria a la negociación firmada. Es decir que se acuerdan los aumentos salariales, las mejoras, los adicionales, las zonas de promoción para estimular a los profesionales y luego el Ejecutivo incumple lo que es ley aplicando el Tope Salarial. Hacen demagogia con la Salud Pública de los mendocinos”.

Lo cierto es que los profesionales de la salud de Mendoza aguardan la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a la validez de la Ley que unilateralmente y con un evidente daño a la Salud Pública, se sancionó durante el gobierno de Francisco Pérez, y que también vieron con buenos ojos los gobernadores Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.

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