En el marco de la política que llevan adelante la Dirección de Recursos Humanos a cargo de Pamela Cuartara, en la que el Ejecutivo Provincial no ha cesado de arremeter con todo tipo de atropello y avasallamiento contra los profesionales de la salud; ante la dramática situación por la falta de valoración y el desprecio a quienes están dejando su vida en esta pandemia, la Justicia puso un verdadero freno que implicó una bocanada de aire fresco, al darle la razón a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) y emitir fallos a favor de profesionales a quienes les habían sacado sus cargos y deberán restituirlos y erogarles todo lo adeudado.

Una vez más, el Gobierno de la Provincia utilizó la pandemia como excusa para castigar y subyugar a los profesionales de la salud. El secretario gremial Daniel Jiménez fue contundente al señalar que “gracias al trabajo de la Justicia, quien mediante resoluciones judiciales y sentencias ha ordenado la reinstalación de profesionales en sus lugares de trabajo, frenando jubilaciones y cambio de lugares compulsivos por parte de la Administración”.

Dentro de los avasallamientos del Ejecutivo Provincial, sobresale una extensa lista que la comunidad debe conocer y repudiar, ya que sin el apoyo de los trabajadores de la salud, hubiera sido, es y será imposible hacer frente a esta pandemia. Falta de testeos y de condiciones de bioseguridad que van desde la carencia de insumos reglamentarios para atender la COVID19 hasta los gravísimos problemas de infraestructura como inundaciones en salas de internación y rotura de techos, que salieron a la luz con las tormentas del fin de semana pasado y que en varios efectores derivaron en el trabajo injusto que debieron realizar muchos trabajadores para morigerar esta situación, más allá de sus tareas habituales.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, agregó: “La no apertura de la Comisión Negociadora, la ausencia de pase a planta interina de casi 2.000 profesionales, los ceses y quitas de cargos, funciones y jefaturas de servicios; la falta de creación de cargos cuando se producen jubilaciones o decesos de profesionales en servicios de extrema importancia en los distintos efectores, la ausencia de reconocimiento de los licenciados en Enfermería bajo la Ley 7759 y desprecio al categorizarlos como personal administrativo en un acto de violencia institucional sin precedentes, con profesionales precarizados y vulnerables a los contagios, sin reconocimiento de sus títulos de grado legalmente obtenidos, hacen de este un panorama desolador.

“En cuanto a los casos de persecución, varios directivos de efectores de salud han ejercido intimidación inusitada contra profesionales por exigir medidas de bioseguridad tanto para sí, como para sus pacientes”.

Claudia Iturbe, secretaria adjunta, remarcó: “Ha habido discriminación con respecto a las prestaciones, favoreciendo más a unas especialidades que a otras. Esto genera una tercerización de la salud, ya que las más críticas (especialidades) en donde hay poca oferta, no podrán ser pagadas por el Estado y seguirán teniendo sueldos discriminatorios. La salud pública tendrá que tercerizar esos servicios y la comunidad más vulnerable no tendrá acceso a estas especialidades. Hay ausencia de políticas públicas y no se aplica la Ley 7759 CCT que paga lo que debe pagar y no contempla servicios a oferta y demanda”.

Jurisprudencia en defensa de los profesionales de la salud

En este sentido y frente al despotismo con el que las autoridades de cuatro efectores de salud habían actuado en detrimento de estos trabajadores, el doctor Carlos Alico, jefe de Asesores Legales de AMProS, se mostró muy conforme con el trabajo de la Justicia. “En el caso de la licenciada Susana Metz, ordenó al Hospital Luis Lagomaggiore que la reincorpore inmediatamente en su cargo y función (ITEM 27-3-04-18, CLASE 08) con el correspondiente pago íntegro de haberes, incluidos los que dejó de percibir desde la comunicación del cese.

“Sobre el cirujano infantil Víctor Antonio Morales, presentamos desde AMProS una acción de amparo, ya que el galeno fue perseguido y discriminado por las autoridades del hospital Notti, quienes buscaron amedrentarlo con la finalidad de que cesara en sus reclamos, porque los incomodaban y exponían en sus faltas para con los trabajadores de la salud, en especial la falta de elementos de bioseguridad. En 2019 el director del hospital decidió por medio de la Resolución N°1230 dar de baja la función de jefe de Sección de Guardia de Cirugía del profesional, situación que se logró revertir en sede administrativa, pero que afectó gravemente su moral. El hospital demandado buscó la manera de manchar su nombre, creando situaciones y hechos que afectaron el libre ejercicio de su función. El Tribunal ordenó hacer lugar a la medida cautelar solicitada, obligando al Hospital Humberto Notti a que reintegre al médico en sus funciones habituales”, remarcó el doctor Alico.

Finalmente, María Isabel Del Pópolo, secretaria General de AMProS, agregó el caso de dos licenciados en Enfermería del Área Sanitaria Tupungato, a quienes la Justicia ordenó “otorgar y erogar el adicional director del Centro de Salud por todo el tiempo transcurrido al frente del cargo -ya que no habían sido reconocidas salarialmente sus funciones- a Iván Daniel Galdame –desde el 1 de abril de 2016 al 31 de octubre 2017- al frente del Centro de Salud 92 “San José”, y a Raúl Nicolás Agüero, en el Centro de Salud 198 “Fermín Carrizo” -desde 2 de mayo al 31 de julio de 2017-.

“Como ya lo he manifestado en las últimas movilizaciones, tenemos la fuerza del pueblo, porque sin los trabajadores de salud, el pueblo se muere. Los profesionales son quienes están al frente de lo que ya es considerada una sindemia. El Gobierno Provincial no nos considera parte de la comunidad; ya que ha mostrado un desprecio sinigual por nosotros. Continuaremos resistiendo esta embestida, como lo hemos hecho tantas veces”, concluyó la doctora Del Pópolo.