La Suprema Corte de Justicia de Mendoza admitió las pruebas presentadas por AMProS y APOC en la Audiencia Pública sobre el pago del Impuesto a las Ganancias que se realizó esta mañana vía Zoom y fue transmitida en una pantalla gigante, en Casa de Gobierno sobre calle Peltier.

En el pago de Impuesto a las Ganancias se produce una marcada inequidad para con los empleados públicos. Ellos tributan sobre el 100% del salario, frente a los funcionarios políticos (gobernador, vicegobernador, ministros, subsecretarios, directores y legisladores provinciales), quienes mediante el dictado de decretos y leyes provinciales, se han colocado en una situación de privilegio, que los exenta de un 40%.

Para dar vuelta la injusticia que implica el hecho de que un político tribute exactamente la mitad de este gravamen con respecto a un profesional de la salud y con el objetivo de que no se permita tal discriminación para quienes están en la primera línea de fuego atendiendo a los mendocinos en medio de la Pandemia por Coronavirus, AMProS y APOC iniciaron acciones ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a fin de que hagan extensivas estas normativas a todos los empleados públicos de la provincia. En el marco de este pedido, el objetivo es que todos los empleados del estado tributen en idénticas condiciones que los funcionarios políticos. Las pruebas fueron admitidas, aunque solicitaron rechazo y correcciones en una prueba técnica que deberá ser entregada en un plazo de cinco días.  

Rodrigo Quevedo Mendoza, abogado de APOC, destacó que “tal cual dice Isabel Del Pópolo, damos en nuestro planteo ante la Suprema Corte, algún tipo de solución. Por lo menos, podremos escuchar de parte del doctor Alico desde lo técnico, los fundamentos por los cuales entendemos que el Impuesto a las Ganancias de la misma forma, sin importar cuando un funcionario es elegidos por la Constitución, a dedo o por haber ingresado por medio de concurso. Entendemos que es un sentido de justicia aplicar el mismo régimen y es lo que vamos a reclamar con este planteo en la Corte. Nos vamos con la esperanza de poder ser escuchados y que todos nuestros planteos, recaigan en una solución justa”.

El doctor Carlos Alico, jefe de Asesores de AMProS, explicó que “hoy en la audiencia, reclamamos conjuntamente es que se aplique el mismo régimen de emisión del pago de Impuesto a las Ganancias a los empleados públicos en general, tanto como se le aplica a los funcionarios. Los funcionarios han sacado dos normativas por medio de las cuales han hecho interpretación de las normas para avalar el régimen de Ganancias de manera diferencial. Los elegidos por el poder político pagan solo por un porcentaje de su sueldo, Ganancias; es decir, sobre un 60% y quedan exentos de un 40%. A esa parte se la entiende como reintegro a los mayores gastos que origina el ejercicio de la función.

“Entendemos que los profesionales de la salud afiliados a AMProS y los empleados de APOC en el ejercicio de la función también tienen mayores gastos en el ejercicio de las funciones, tal cual como los funcionarios. Le pedimos a la Corte que interprete este término. Es tan confuso el término funcionario que sacaron en la ley de Presupuesto y lo aplicaron para los funcionarios políticos y no lo aplicaron para el resto, como son los empleados públicos, interpretando que la compensación funcional es aplicable a todos y cada uno de los empleados públicos de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, todos y cada uno de los empleados tienen que estar en igualdad de condiciones que los funcionarios públicos: abonar sobre un 60% del adicional y sobre un 40%, no. En el neto significaría no pagar este porcentaje que sería distorsivo.

“Entendemos que es un resorte nacional. Lo que ha hecho la Provincia es por una ley, determinar qué parte del salario está sometido a Ganancias y qué parte, no. Nosotros queremos que la Corte interprete este concepto y dé sentido de igualdad y equidad para todos y cada uno de los empleados públicos de la provincia. En cuanto al litigio en sí, es muy formal y bastante protocolar: la prueba fundamental a la Legislatura y el informe técnico que avala la otra prueba que fue rechazada. En este último caso, debemos incorporar en cinco días los elementos y trabajaremos para demostrar la distorsión que se genera entre los funcionarios y el resto de los empleados públicos. En igualdad de condiciones que para el gobernador, vicegobernador y el resto de los funcionarios”, concluyó el doctor Carlos Alico.