El atraco de las Mutuas a la sanidad pública, la salud de los trabajadores y sus derechos

Jesús Uzkudun · · · · ·

28/04/13

Sin esperar a la prometida Ley de Mutuas, el Gobierno del PP, siguiendo el camino inaugurado por el Gobierno de Felipe González, pretende conceder nuevas competencias a las Mutuas patronales -argumentando que “la gestión privada es más eficaz que la pública”-, para dar una nueva vuelta de tuerca al control de las bajas de los enfermos y descalificar la práctica de los médicos de atención primaria de la sanidad pública. Sin duda, potenciará el “presentismo” de los trabajadores y culpabilizará a los enfermos de supuestos fraudes a la Seguridad Social.

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha decidido impulsar una campaña sobre la prevención de las enfermedades profesionales (EEPP), ignoradas a pesar de las cifras alarmantes, capaces de remover conciencias. La lenta visualización de estas enfermedades sufrió el 2006 una involución, frustrando las expectativas generadas por la ampliación del listado de EEPP recogidas en el Decreto 1299/2006. Las Mutuas, entidades colaboradoras “sin ánimo de lucro” del Instituto de la Seguridad Social, habían asumido la responsabilidad de asegurarlas y notificarlas. La ocultación de innumerables daños a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, se ha convertido en un fraude a la prevención, un autentico atraco a los presupuestos de la sanidad pública y un recorte a las prestaciones económicas a enfermos y familiares.

En estos tiempos de crisis económica con masivo desempleo, las empresas públicas y privadas priorizan el ahorro. Las tijeras se aplican a los costes del Servicio de Prevención y, por tanto, a la calidad y periodicidad de la vigilancia sanitaria a los trabajadores y trabajadoras, rechazando avances en la obligatoria prevención de riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales en los puestos de trabajo. Si no se hizo en época de bonanza, ahora no pueden permitirse lujos, entre otras razones porque la siniestralidad disminuye y las enfermedades profesionales son escasas y las empresas ya disponen de amplia documentación para despistar a la autoridad laboral.

Las masivas protestas contra los recortes a la sanidad pública vienen ignorando el atraco permanente que sufren los presupuestos de los servicios públicos de salud por las Mutuas patronales, en colaboración con los gestores políticos.

Cada vez es más evidente que el objetivo de las Mutuas es conseguir una gestión integral de la atención sanitaria de los trabajadores en activo, abandonando a su suerte a los pasivos en las largas listas de espera de un servicio público deteriorado y dualizado.

1.- Campaña de la OIT para prevenir las Enfermedades Profesionales y laborales

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), como órgano tripartito internacional, tratará con ocasión del 28 de Abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo,  de sensibilizar sobre la importancia de la prevención de las enfermedades profesionales en las empresas. Según la OIT, anualmente se producen 2,34 millones de muertes de origen laboral en el mundo, de las cuales 321.000 son producidas por accidentes de trabajo. La pérdida de 2,02 millones de vidas se produce a consecuencia de enfermedades relacionadas con el trabajo, aunque esta relación quede oculta. Es decir, 6.410 muertes diarias, una cifra inadmisible, que debe ayudar a remover las conciencias para movilizar todos los recursos y atajar sangrienta guerra de clase, por sus enormes costes humanos y económicos.

Las enfermedades profesionales vienen sufriendo una escandalosa falta de diagnostico, registro y compensación en el Reino de España. Y tal vez todavía más en los países de América Latina. Se trata de una epidemia epidemia silenciosa, que anualmente produce 160 millones de nuevos afectados a nivel mundial, con el agravante de que su ocultación obstaculiza su prevención.

La campaña de la OIT es una oportunidad para el sindicalismo y los movimientos sociales implicados; para redoblar esfuerzos unitarios, orientados a visualizar estás enfermedades y muertes. Su ocultación, además de un fraude preventivo, supone un atraco a las pensiones de las víctimas y los presupuestos del sistema público de salud, como consecuencia del sistema diferenciado de financiación en el Reino de España. Es hora de crear un muro de contención a la concesión de nuevas competencias por parte del Gobierno del PP a las Mutuas  (MATEPSS). Estas entidades, con más de 100 años de historia, gestionadas por las organizaciones empresariales como colaboradoras de la Seguridad Social para las contingencias profesionales, gestionan fondos derivados de las cotizaciones de empresas y trabajadores por cuenta ajena, asegurando el daño producido por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Es conocido el despotismo de las Mutuas y como tratan al enfermo, como rechazan con enorme descaro el origen laboral de las lesiones o controlan con detectives privados a enfermos de baja, por enfermedad común, con la excusa de reducir el absentismo “fraudulento”, cuestionando la práctica profesional de los médicos de la atención primaria pública.

2.- Olvido de las enfermedades profesionales

Es conocida la escasa sensibilidad que existe en el Reino de España en relación con las enfermedades profesionales de los trabajadores, con el agravante del déficit preventivo de los riesgos higiénicos y ergonómicos en las empresas. Todavía hoy escuchamos denuncias sobre la siniestralidad laboral, olvidando que las enfermedades profesionales y laborales están causando 10 o 20 veces más muertes y pérdidas de días de trabajo que los accidentes de trabajo.

En más de una ocasión hemos escuchado chistes sobre “los torpes pero sanotes trabajadores españoles”, dado su elevado número de accidentes de trabajo, mientras cuentan con una sorprendente salud, dadas las escasas enfermedades profesionales reconocidas en el Reino de España. La comparación de cifras con países del entorno europeo o entre las Comunidades Autónomas, motivan ese comentario jocoso.

Algunos ejemplos: mientras el 13% de los cánceres en Alemania se reconocen como cáncer profesional, en el Reino de España la cifra ronda el 0,5%, y la diferencia no es resultado de mejores condiciones de trabajo. Que más del 50% de las hipoacusias o sorderas profesionales indemnizadas por Mutuas ocurran, año tras año, a los trabajadores de la Comunidad Autónoma Vasca no pueden llevar a la conclusión que el resto de los trabajadores no está expuesto al ruido. La explicación, evidentemente, es otra.

La misma desigualdad territorial tiene lugar en las reclamaciones y cobros de indemnización por cicatrices, derivadas de secuelas de accidente de trabajo, ratificando el dicho popular de que “quién no llora, no mama”.

Que en Gipuzkoa, una provincia más pequeña, las enfermedades profesionales registradas superen ampliamente las recogidas por el CEPROSS en las Comunidades andaluza, madrileña o la valenciana, es una pequeña muestra de lo que puede conseguir la permanente acción sindical, orientada a visualizarlas, que se ha convertido en parte de la cultura reivindicativa laboral gipuzkoana.

Los accidentes de trabajo, especialmente los graves y mortales, por sus consecuencias inmediatas, hacen evidente el origen del daño producido. Aun así, son descarados los intentos por ocultar los accidentes leves, especialmente en las grandes empresas, con la colaboración de los servicios médicos y las Mutuas que aseguran el daño.

Las enfermedades profesionales, son las “Producidas a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que este provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. Se diferencian de las enfermedades laborales, incluidas o no en el listado del Decreto 1299/2006, que entró en vigor en enero de 2007, y que amplió a 141 las enfermedades con derecho a compensación, frente a las 71 anteriores.

Otras enfermedades laborales, como el infarto, la lipoatrofia, el estrés u otras cuando quede probada la causalidad o se produzca en tiempo y lugar de trabajo o agravado por la actividad laboral, serán declaradas y compensadas como accidentes de trabajo.

Las enfermedades profesionales son crónicas y aparecen años más tarde, tras periodos prolongados de exposición a movimientos repetitivos, ruido o sustancias nocivas. Algunas aparecen incluso décadas más tarde, como le sucedió, entre otros, al compañero Pedro Grijalba, de 58 años, afectado por un cáncer broncogénico, reconocido como profesional, tras inhalar hace más de 30 años fibras de amianto, cuando ambos realizábamos tareas de mantenimiento mecánico en la siderúrgica de Pedro Orbegozo de Hernani.

La aparición de la grave enfermedad 29 años después de ser despedido, y trabajar posteriormente como autónomo, no han sido obstáculo para el reconocimiento de la enfermedad profesional, con las prestaciones económicas correspondientes, gracias a la actividad del sindicato.

3.- Frustradas las esperanzas del Decreto 1299/2006, tras poner a los zorros al cuidado de las gallinas.

Pensábamos que con el Decreto 1299/2006, que ampliaba de 71 a 141 las enfermedades profesionales recogidas en el listado, siguiendo la recomendación 2.003/670/CE de la Comisión Europea, se daría fin al subregistro y ocultación de las EEPP, que obligaría a las empresas a eliminar o minimizar los riesgos higiénicos y ergonómicos: vana ilusión.

Si durante el año 2000 se reconocían 19.622 EEPP, el año 2002 registraba 25.040, el 2004 28.728, y el 2.005 crecían hasta 30.030, el incremento fue constante hasta que en 2006, año de la publicación del Decreto, comienza la reducción de las enfermedades registradas a 21.905, el 2007 nuevamente hasta 17.061 y el año 2012 con 15.711, de las que 8.139 son curiosamente sin baja. El subregistro aumenta, pese a la ampliación del listado de enfermedades.

Entre las registradas en 2012 en el CEPROSS, destacan: 10.843 enfermedades tendinosas provocadas por movimientos repetitivos y posturas forzadas; 1.248 hipoacusias o sorderas profesionales; 521 producidas por agentes biológicos, 1.654 respiratorias, entre las cuales 224 silicosis, 78 asbestosis; 587 producidas por productos químicos y solo 51 cánceres profesionales, 38 derivados del amianto.  

A pesar de la definición de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), el seguro y pago de las prestaciones económicas por EEPP son competencia del Instituto de la Seguridad Social.

El cambio legislativo producido, pasando del empresario a la Mutua la obligación de cumplimentar la notificación y asumir el coste del seguro, tuvo un efecto similar al de colocar zorros en el gallinero para cuidar las gallinas.

Las Mutuas reaccionaron con celeridad, crearon todo tipo de obstáculos, judiciales y ocultación de pruebas de la exposición laboral nociva, incluso utilizando como “mercenarios” a profesionales sanitarios, para tratar de confundir a los jueces con juegos de terminología sobre las enfermedades.

No le bastaba al enfermo acudir con un abogado para contrarestar a los “ilustres” Peritos Médicos de las empresas y las Mutuas, empeñados en confundir a los jueces. Las Mutuas pusieron en marcha toda su maquinaria para evitar el pago de las prestaciones económicas. Las concentraciones o “escraches” con trabajadores y delegados sindicales frente a las Mutuas ha tenido, sin embargo, resultados muy positivos.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18-02-13, que unifica doctrina al hacer responsable del pago al Instituto de la Seguridad Social, permite a las Mutuas profundizar su estrategia de eludir costes por incapacidades permanentes en el caso de los trabajadores que ya habían cesado su actividad laboral previamente a la entrada en vigor de la Ley 51/2007 (en referencia a enfermedades como la silicosis y el cáncer profesional, que se diagnostican mayoritariamente en personal jubilado). Como resultado de esta sentencia, las enfermedades de las que el INSS tendrá que hacerse cargo no figurarán en el registro del CEPROSS, a pesar de ser reconocidas y compensadas.

Si en la actualidad más del 70% de las enfermedades profesionales quedan ocultas como dolencias comunes, especialmente las más graves, es previsible que la resistencia al reconocimiento aumente tras la sentencia del Supremo. Derrotarles es posible, pero dependerá de la creación de un frente unitario del sindicalismo y las plataformas por la defensa de la salud pública y, sobre todo, de un cambio en la orientación reivindicativa de las organizaciones sindicales.

Esta orientación ha demostrado su rentabilidad en Euskadi, con crecimientos de afiliación y mejora de las condiciones de trabajo. Esperar que las instituciones sanitarias resuelvan la problemática, sin intentar directamente romper el muro que las oculta, supone asumir la derrota anticipada. Debemos presionar para que la sanidad pública se implique: esperar que lo haga por iniciativa propia es un fracaso asegurado.

4.- No es culpa exclusiva de las Mutuas

Culpar exclusivamente a las Mutuas de la ocultación de las enfermedades seria parcial y no  ayuda a clarificar la situación. Señalo a continuación otras causas:

• El levantamiento fascista, el 18 de Julio de 1936, borró de las memorias trabajadoras la histórica conquista que supuso la aprobación de la Ley para la prevención de las enfermedades profesionales el 17 de julio, en víspera del alzamiento militar. A la persecución, encarcelamiento y ejecución de los activistas sindicales se unió la cultura monetarista fomentada por el Sindicato vertical fascista, promoviendo la compensación del riesgo mediante pluses de peligrosidad, penosidad, toxicidad o nocturnidad, que todavía hoy persisten en muchos convenios. Esta orientación favoreció la aceptación de salarios miserables y del riesgo o el daño como inevitables y eliminó la cultura de la salud.
• Por otro lado, se trato de borrar y ocultar las causas de las importantes diferencias entre clases sociales ante la enfermedad y la muerte. Se continúa culpabilizando al enfermo de sus hábitos poco saludables. La mayoría de los médicos de atención primaria y especializada del Sistema Público de Salud asumen una cierta fatalidad biológica genética. Salvo honrosas excepciones ignoran los consejos del Dr. Bernardino Ramazzini, que hace 300 años recomendaba a los estudiantes de Medicina en su libro Tratado sobre las enfermedades de los trabajadores: “Pregunta al enfermo en su lecho, sobre la fuente de su sustento, puede ser el origen o la causa de la enfermedad”. Como consecuencia, unos y otros incumplen escandalosamente el deber recogido en el Decreto 1299/2006, del Cuadro de Enfermedades Profesionales, que señala la responsabilidad y obligación de los facultativos del Sistema Nacional de Salud, así como de los Servicios de Prevención, de comunicar su sospechacuando detecten en sus revisiones o actuaciones medicas enfermedades que pudieran ser derivadas de la actividad laboral. Este olvido adquiere especial gravedad en el caso de los gestores políticos de las Instituciones sanitarias transferidas a las Comunidades Autónomas, tan empeñados en promover los recortes sanitarios, por falta de recursos, mientras callan ante los estudios realizados por OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud laboral), señalando que Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), asume un sobrecoste anual de 106 millones de euros por el tratamiento de enfermedades profesionales, como si fueran dolencias comunes. De  reconocer el origen profesional de estás, el coste iría a cargo de las Mutuas patronales, o en su defecto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), financiado por las cuotas de empresa y trabajadores. En otro estudio, Montserrat García, experta del Ministerio de Sanidad, recoge que la Sanidad Vasca asume incorrectamente un coste de 10 millones de euros, por el tratamiento del cáncer de pulmón y vejiga de origen profesional. Coste que deberían asumir las MATEPSS o Mutuas patronales. Semejante externalización de costes facilita que las Mutuas puedan alardear así de su eficaz gestión privada.
• Se olvida con facilidad, que tenemos un sistema sanitario dual: mientras las contingencias profesionales, son gestionadas por las Mutuas -como “colaboradoras” del Instituto de la Seguridad Social, financiándose a partir de las cotizaciones sociales, que la patronal demanda reducir-, el Sistema Nacional de Salud, con gestión pública trasferida a las Comunidades Autónomas, es financiada vía impuestos. Ignorar las consecuencias del traspaso de costes y competencias de un sistema a otro (como el hecho de la ocultación y externalización del coste de las EEPP, o que las Mutuas asuman el control y la duración de las bajas por enfermedad común) facilita el objetivo de las Mutuas. Este objetivo no es otro que acaparar el conjunto de la atención sanitaria de los trabajadores en activo, profundizar en la dualización y privatización del sistema, y abandonar a los no productivos (sin seguros sanitarios privados) a interminables listas de espera en una sanidad pública deteriorada. Con la creación de la Seguridad Social y el Sistema Nacional de Salud, primero durante la dictadura franquista y más tarde, en la Transición política, la patronal logró mantener el control de las estructuras mutuales para la gestión de las contingencias profesionales. Según parece, el Sistema público continua sin trasladar a las Mutuas el coste del tratamiento y hospitalización de enfermedades posteriormente reconocidas como profesionales.

En la actualidad las Mutuas, continúan presionando a los partidos de la derecha para lograr  la competencia exclusiva en la definición del origen profesional de las enfermedades, eludir costes, poder reducir las cotizaciones empresariales y asumir el control total de las bajas, con capacidad para interrumpirlas y disciplinar a los trabajadores, hasta el punto de convertirlos en objetos de “usar y tirar”. Hoy parece que se conforman con el control policial de las bajas e imposibilitar la respuesta de los médicos de la atención primaria pública, con la excusa de controlar el absentismo. Si las Mutuas logran condicionar la duración de las bajas, será mucho más fácil lograr la competencia para conceder las altas y bajas en la enfermedad común, que conllevará el aumento del “presentismo”, o acudir enfermo al trabajo, facilitando su despido por el empresario.

5.- Mas poder a las Mutuas para exprimir al enfermo y arrebatar competencias a la sanidad publica

El Anteproyecto de Decreto de gestión y control de la Incapacidad Temporal, que el Gobierno del PP prepara, supone una nueva vuelta a la tuerca, para aumentar sus competencias en la gestión de la enfermedad común. Las Mutuas tendrán libre acceso a la historia clínica informatizada de los trabajadores enfermos, se les concede la competencia para decidir si los problemas de salud son de origen laboral o no (una vez más pretendiendo decidir quién paga) y la potestad de dar altas médicas o, cuando menos, suspender la prestación económica,  aprovechando el silencio administrativo de cuatro días de los médicos de atención primaria.

Es evidente, que la saturación en las consultas de atención primaria ha sido una de las razones por las se ha eludido la “comunicación de sospecha” del origen de las enfermedades. Con mayor razón, salvo actitud militante de los médicos del sistema público, eludirán responder inmediatamente con alegaciones razonadas al previsible bombardeo de propuestas de Alta de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional.

Frente a los ataques, desde múltiples direcciones, contra el sistema público de salud, contra el recorte de derechos y prestaciones al enfermo, es imprescindible la constitución urgente de un frente amplio de respuesta a las crecientes competencias de las Mutuas, cuyos primeros pasos se deben concretar en:

• Rechazo desde las empresas, exigiendo la ruptura del concierto con las Mutuas en la gestión de las contingencias comunes.
• Ofensiva de los trabajadores enfermos, para lograr el reconocimiento de las enfermedades profesionales, que debe ser acompañada con “Comunicaciones de sospecha” por los profesionales sanitarios, unido a una exigencia a los gestores políticos de la sanidad pública para trasladar los costes de la atención sanitaria a las Mutuas.

Esta implicación social es condición necesaria para levantar un muro de contención a las pretensiones de las Mutuas. Permitir que el enfermo haga frente al despotismo de las Mutuas individualmente es suicida y mañana será tarde.

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