AMProS a la Suprema Corte por el Impuesto a las Ganancias
Según las autoridades gremiales, el impuesto esta afectando a los sueldos de los empleados públicos de la provincia de manera desigual con respecto a los funcionarios políticos, creando una inequidad absoluta.
AMProS
Uno de los tantos reclamos de AMProS sobre lo que consideran un impuesto al trabajo.
Jueves 15 de Agosto de 2019

Ampros, en conjunto con APOC, gremio que nuclea a los trabajadores de los sistemas y entes de control de la actividad financiera de Estado, realizó una presentación en la Suprema Corte de Justicia de la provincia solicitando la garantía constitucional de igualdad ante la ley en relación al pago del Impuesto a las Ganancias a los funcionarios políticos (Gobernador, ministros subsecretarios, funcionarios de irrigación, entre otros) a quienes se les reconoció en el artículo 65 de la ley de presupuesto (Ley 9122), que el aporte de Ganancias fuera solamente sobre el 60 por ciento de lo percibido en carácter de asignación de clase, dejando afuera del mismo, el 40% por compensación funcional.

Esto significa que la retención del impuesto a las ganancias esta afectando a los sueldos de los empleados públicos de la provincia de Mendoza de manera desigual con respecto a los funcionarios políticos, creando una inequidad absoluta, por una razón de justicia elemental previstas en las garantías constitucionales de igualdad y propiedad (artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional y artículos 8 y 7 de la Constitución Provincial).

AMProS y APOC solicitaron a la Justicia que se delimite el alcance que se pretende dar al término “funcionario” y/o “compensación funcional”, determinando a qué funcionarios es aplicable el artículo 25 de la ley 9122.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS aseguró sobre el tema: “Los profesionales de la salud y los empleados de los organismos de control han sido los empleados públicos más castigados con el Impuesto a las Ganancias, aportando sobre el 100% de la remuneración en bruto, no de lo recibido en mano. Esto lo que hace es minar el poder adquisitivo de quienes tenemos la responsabilidad del cuidado de salud e la población. Esto es una clara discriminación frente a un funcionario político que aporta sólo por el 60% de su sueldo, y que en muchos casos no cuentan con un título universitario para la tarea que están realizando”.

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