La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud aguarda el llamado de la Comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia, conformada recientemente para tratar el proyecto de ley denominado Régimen Jurídico de Protección a las Personas Menores de Edad. El gremio ya presentó a los bloques de diputados y senadores de todos los partidos políticos sus objeciones y aportes de cara un tema tan sensible para sociedad mendocina.

Si bien existía resistencia de parte de algunos legisladores a la conformación de una Bicameral para analizar en detalle cada propuesta de la nueva normativa, AMProS logró que finalmente se conformara la comisión, según establece la normativa vigente. Ahora desde el gremio se aguarda el llamado para realizar los aportes, luego de un arduo trabajo de relevamiento de situación de la mano de los especialistas que el gremio tiene en la temática y con el objetivo de todos los actores que se desempeñan en áreas de niñez y adolescencia sean escuchados de cara a una nueva ley.

“El 11 de septiembre pasado en sesión de diputados se aprobó la conformación de la Comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia, según la normativa vigente. Con el único agravante que le ponen fechas muy próximas para que dictaminen respecto del tratamiento de la ley. Son tiempos muy cortos que no darían lugar a escuchar a todos los actores y permitirían considerar tampoco los antecedentes de ley presentados en años anteriores. Esto se puede traducir en un tratamiento sesgado de un tema que para AMProS es sumamente sensible. Pareciera que el objetivo es sancionar la ley sin el tratamiento adecuado”, aseguró Beatríz Zanini, de la Comisión Ejectiva de AMProS.

Entre las objeciones de AMProS acerca del proyecto de ley de niñez y adolescencia, hay temas vitales para que los menores de edad sean protegidos de manera integral. “Lo más grave es que esta ley no prevé presupuesto. Nunca se van a poder solucionar los problemas de fondo que tuvo esta ley desde su creación. Otros de los temas que AMProS ha solicitado sean incluidos en la nueva normativa son: El riego que implica la ampliación de responsabilidad de los equipos técnicos de los Equipos Técnicos interdisciplinarios, actualmente denominados Oales, el cambio en la función que se asigna a la Dirección General de Escuelas y la ausencia de regulación de las guardias pasivas para cubrir la atención, las 24 horas, los 365 días del año”, completó Beatríz Zanini.

A continuación se detalla el texto elevado a los bloques de diputados y senadores de la provincia:

APORTES AL PROYECTO DE LEY DENOMINADO REGIMEN JURIDICO DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD.

- La denominación menores de edad, hace alusión al Paradigma anterior de una posición de carencia, posible de ser tutelado. Alude a objeto y no a sujeto de Protección de derechos. Por el contrario, las palabras niños, niñas adolescentes o infancia otorga una mirada a sus atributos y capacidades como ciudadano.

En el nuevo paradigma y haciendo un recorrido socio-histórico de la infancia como categoría social, el niño, niña y adolescente (NNA), dejan de ser objeto de derecho y pasan a ser sujeto titular de derecho, priorizando el interés superior del mismo, como lo es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías.

- No prevé mayor presupuesto. Esta situación es y ha sido la mayor dificultad en la aplicación de la Ley 26061, desde el año 2008.

- En este Proyecto no figuran las corresponsabilidades concretas de otros actores como, el CAI, (Cuerpo Auxiliar interdisciplinario), CPA (centros provinciales de adicciones), PPMI (programa Maltrato infantil), Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, OSC (Organizaciones de la sociedad civil), Áreas de Niñez y Adolescencia Municipales y Fiscalías, la cual es de vital importancia para garantizar el abordaje y tratamiento integral de las problemáticas asociadas a Niños, Niñas y Adolescentes.

- Amplía la Responsabilidad actual de los ETI (equipos técnicos interdisciplinarios), ex OALES, en los que, a la fecha, no se ha logrado el funcionamiento adecuado, por razones de políticas erróneas y de falta de asignación presupuestaria:

1. Se extiende el seguimiento de las situaciones hasta el cese de la vulneración de derechos. No contempla límite de tiempo (actualmente son 6 meses), sin haber resuelto el problema actualmente existente, como es la escasa cantidad de recursos humanos, en relación a la demanda. Esto pone en riesgo permanente de mala praxis a los profesionales del equipo técnico y, por ende, a los funcionarios responsables de la implementación de la ley.

Al déficit de recursos humanos, se agregan las condiciones de precariedad laboral del personal, que produce una rotación frecuente por renuncias. Gran número de profesionales con Licencias por enfermedad sin reemplazos. Actualmente, la relación laboral predominante, es la de prestaciones o contratos de locación de servicio, mal remunerados, con la falta de derechos que estas relaciones implican.

2. Se pretende que los Equipos Técnicos (ETI) continúen realizando seguimiento de las situaciones, con posterioridad a la toma de medidas excepcionales (separación de su familia vincular), es imposible que el ETI que toma dichas medidas, sea el mismo que restituya el vínculo o implemente otras alternativas. Luego de la toma de una medida de excepción, los niños y adolescentes necesitan construir un vínculo de protección y confianza con el equipo técnico a cargo en su lugar de albergue; la ruptura que produce el equipo de los OALES cuando debe separarlos de su familia vincular, genera indefectiblemente en los mismos, vivencias de mucho dolor y angustia donde sería imposible lograr una alianza de trabajo con el mismo equipo que provoco estos sentimientos en los chicos.
3. No se tiene en cuenta además, la excesiva concentración de funciones que tendría un mismo equipo además a las ya asignadas.

- El Consejo de Niñez tiene a su cargo el asesoramiento y supervisión de las políticas públicas relativas a la niñez. Por lo tanto, la función del Subsecretario de Desarrollo sería incompatible con las del director, como figura en este proyecto.

- La función que se le asigna a la Dirección General de Escuelas es tan amplia, como imposible de cumplir, ya que debe realizar el abordaje en forma completa, lo que supone agotar todas las medidas para la restitución de derechos vulnerados y en casos de detección de abuso o maltrato intrafamiliar, ordena la intervención URGENTE, sin considerar que los equipos técnicos de escuelas Primaria, actualmente no cuentan con la provisión de los recursos materiales y humanos adecuados y suficientes. Actualmente cada equipo escolar de Primaria, atiende por lo menos, 8 o 10 escuelas por zona. En el caso de los equipos de Orientación de Secundaria, los profesionales tienen diferentes condiciones laborales como son horas cátedras con cargas horarias muy reducidas que van desde las 4 horas y en pocos casos llegan a 12 horas. Este proyecto modificaría ampliamente las funciones de ambos equipos por los cuales fueron creados y constan en su decreto reglamentario vigente.

- Las funciones que se le asignan al Ministerio de Seguridad, para la línea 102, excedería las capacidades del personal, ya que no siempre poseen formación en la temática para llevar a cabo la derivación correcta en los casos de vulneración de derechos denunciados.

-En el Proyecto de Ley se establece la cobertura por parte de los ETI las 24 hs. del día, los 365 días del año; esto debería ser cubierto con GUARDIAS PASIVAS, lo cual no está regulado en la Provincia.