En el marco del pedido de creación de una comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia que de urgente tratamiento a los proyectos recientemente presentados por la Legislatura Provincial, los cuales no se adecuan a la Ley Nacional 26061, AMProS y las ONG que desempeñan tareas comunitarias desde hace 30 años con los más vulnerables, presentaron ayer sus objeciones a la iniciativa, a los bloques de Diputados del PJ y del PI, y brindaron aportes en beneficio de quienes serán los verdaderos hacedores de la ley: los trabajadores.

La licenciada Beatriz Zanini explicó al diputado Mario Vadillo, que “tal como le detallamos a Elisabeth Crescitelli la semana pasada, es erróneo instalar un tema social desde el ámbito jurídico cuando la perspectiva implica el abordaje interdisciplinario de una problemática tan grave como es la niñez”.

La totalidad de las entidades involucradas sostuvieron que el proyecto de ley del Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad Nota N°258-L, no ajusta sus contenidos y sus lineamientos principales a la Ley Nacional 26061 ni a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

De concretarse esta normativa, el Ejecutivo volverá atrás con conceptos como el de menor de edad. “La denominación “menores de edad”, hace alusión al paradigma anterior de una posición de carencia, posible de ser tutelado. Objeto y no sujeto de protección de derechos. Por el contrario, las palabras niños, niñas adolescentes o infancia otorga una mirada a sus atributos y capacidades como ciudadano”, sintetizó Zanini.

Por su parte, Daniel Jiménez, secretario Gremial de AMProS, remarcó que “la ley no prevé mayor presupuesto y ello es altamente preocupante, porque siempre ha sido la dificultad más grande en la aplicación de la Ley 26061”.

Entre otros puntos, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, señaló que “no figuran las corresponsabilidades concretas de otros actores como, el CAI (Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario), CPA (Centros Provincial de Adicciones), PPMI (Programa Maltrato Infantil), Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil), Áreas de Niñez y Adolescencia Municipales y Fiscalías.

“En este sentido, amplía la Responsabilidad actual de los ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios), ex OALES, en condiciones de precariedad laboral, quienes desempeñan tareas mayoritariamente bajo prestaciones o contratos de locación de servicio.

“Finalmente, la ley enmarca que los Equipos Técnicos (ETI) continúen llevando las situaciones, posteriormente a la toma de medidas excepcionales (separación de su familia de origen), cuando es imposible que el ETI sea el mismo que restituya el vínculo o implemente otras alternativas de vinculación”, sentenció la licenciada Patricia Urrutigoity, desde AMProS.