Por Valentina Gattás - Comunicación Institucional de AMProS

Que la inseguridad en los efectores de salud pública –hospitales, áreas y centros de salud- puede rozar en algunos lugares los límites de la locura en la que vivimos, tal como lo señala la doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria General de AMProS, es una realidad de la que los profesionales no pueden escapar.

Si analizamos el caso del hospital Schestakow en el que el Gobierno realiza obras de ampliación y modernización de unos 6.000 metros cuadrados, la saña está a la orden del día. Los ascensores por los que transportan las camillas con enfermos fueron víctima de vandalismo hasta dejarlos incluso fuera de servicio mientras son reparados y los pacientes debieron ser trasladados por escaleras.

La odontóloga Nidia Farré destacó que si bien la situación es controlada, por la magnitud del nosocomio que alberga a la comunidad del sur provincial, “son más los actos de vandalismo dentro del hospital, que los de violencia propiamente dicha contra los profesionales. El Schestakov reforzó Consultorios Externos, Pediatría y Guardia que eran las áreas más conflictivas”.

En cuanto al Área Departamental, los centros de salud están ubicados en barrios conflictivos en los que todos, por la necesidad de acceder al servicio sanitario, se conocen, colaboran y en general no hay mayores conflictos de seguridad.

Algunos hospitales del Gran Mendoza fueron víctimas incluso de la sustracción de las cámaras de seguridad, lo que agrava más aún la problemática, ya que no pueden comprobarse los hechos delictivos registrados en el interior. “Pero a diferencia de ellos, en los centros de salud de la provincia, debido a que están enclavados en zonas absolutamente vulnerables, son moneda corriente los asaltos y agresiones contra los trabajadores”, sostuvo el doctor Daniel Jiménez, secretario Gremial de AMProS.

“Lo más lamentable es que hemos solicitado una reunión con el ministro de Seguridad Gianni Venier a través de la Subsecretaría de Trabajo y aún no obtuvimos respuestas. Es un tema recurrente que lleva por lo menos seis años de denuncias, que incluyen desde la puesta de un revólver o un cuchillo sobre el escritorio a un profesional para que atienda a determinado paciente, hasta golpes de puño contra los trabajadores”, agregó la doctora Del Pópolo.

En todos los casos, los profesionales pidieron anonimato para resguardar su integridad. “En el hospital Perrupato las agresiones verbales son periódicas, sobre todo por la exigencia en cuanto a la celeridad de atención en el Servicio de Guardia, aún cuando no presentan patologías de urgencia. Hacemos lo imposible.

“Ante la interpelación de medicación gratuita hemos recibido agresiones y por tratarse de un efector público, no tenemos recursos suficientes ni medicación en abundancia; trabajamos conforme a los requerimientos. Y lo que es más grave aún; a modo de amenaza, en forma intimidatoria observamos cómo nos filman o graban”, concluyeron.

Los pacientes que llegan a las guardias con síndrome de abstinencia muestran una extrema agresividad, sobre todo por efecto de la ausencia de cocaína. “Más de una vez, hemos soportado episodios desagradables”, concluyó un médico del Hospital Central, que recibe a centenares de heridos en riñas y delincuentes con fuertes antecedentes penales.

A modo de ejemplo, una médica de guardia detalló que “muchos pacientes se creen médicos; nos ponen en estado de vulnerabilidad con el googleo de las patologías y hasta en dudas, lo que medicamos. Esto sacude bastante desde el punto de vista de la permanente especialización a la que nos sometemos. Y con respecto al uso de las redes sociales, en Facebook han sido publicadas fotos y escraches a varios médicos que tienen años de formación y experiencia clínica y académica”.

El caso del Hospital Luis Lagomaggiore registra otras características. Tiene varios ingresos y sólo en los principales hay personal de vigilancia; el perímetro no está completamente custodiado. No existe policía en los alrededores y acontecen numerosos robos en esta zona. “Los atacantes saben que los policías están circunscritos a sus puestos en el interior del nosocomio y aunque parece difícil creerlo, con una comisaría a 300 metros y policías en el interior, las inmediaciones del hospital son un peligroso territorio que nadie vigila”, añadió Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS.

“Muchos pacientes y sus familiares son amigos de lo ajeno; pueden entrar y salir del hospital como les plazca. La mayoría de las habitaciones tienen salida al exterior del edificio. Los pacientes adictos internados reciben a sus proveedores en los patios traseros del hospital. Ninguno se queda sin su dosis y esto es inmanejable, ya que la estructura y el diseño del hospital hacen imposible poder controlar lo que ocurre”, sostuvo un profesional.

Uno de los casos extremos fue el “golpe de puño que recibió una médica por parte de la abuela de un niño internado en el hospital Humberto Notti porque habían tenido que atrasarle la cirugía. En este momento, la Dirección se planteó la posibilidad de cortar las visitas debido a que esto generaba gran inseguridad interna, tanto para los niños allí internados como para sus familiares y los trabajadores”, aseveró Isabel Del Pópolo.

En este nosocomio, como atiende a niños hay personal de vigilancia dentro y otro tercerizado que controla la playa de estacionamiento debido a la gran cantidad de robos y vandalismo. Si un padre ingresa con armas al hospital, no hay forma de que la seguridad pueda controlarlo e incluso temen enfrentar estas situaciones. En la Guardia hay dos efectivos policiales, uno en consigna de la Comisaría 25 y otro que el hospital garantiza para que siempre haya dos, ante este tipo de situaciones.

“Pero sin dudas, los episodios más tristes son aquellos en los que papás o mamás que purgan condenas en el penal provincial solicitan visitar a sus hijos y es claro que tienen derecho a cuidarlos, pero para ello un efectivo debe custodiarlos armado. En caso de situaciones de violencia deben actuar, ya que esto pone en riesgo la integridad tanto del resto de los niños internados, como de sus familiares y trabajadores”, relató una médica.

“El Consejo Provincial de Bioética en su momento dictó un Código con deberes y derechos de los pacientes y del equipo de salud. Uno no está obligado a atender a los pacientes que no respeten al profesional ni las normas de convivencia. Puede ser sacado por la fuerza pública”, pronunció el secretario Gremial de AMProS, Daniel Jiménez.

Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS, remarcó que “si bien en todos los hospitales hay guardia policial, el mayor refuerzo debería darse en las áreas más críticas, que son aquellas que tienen un entorno complicado. La violencia está instalada en la sociedad.

El Estado debe proporcionar las condiciones mínimas de atención. Robos a los automóviles en las playas de estacionamiento, vidrios rotos, paredes completamente cubiertas con leyendas o carcasas vacías de las cámaras de seguridad que ya no existen forman parte del panorama habitual.

“Las zonas rojas deberían tener las condiciones mínimas de seguridad. En algunas pactamos con el Ministerio de Salud el cierre de los centros de salud a las 17, lo cual representa dos horas diarias menos de atención, debido a la extrema violencia con la que increpan los pacientes a los trabajadores en zonas de conflicto. Finalmente, surge la pregunta que siempre nos hacemos los profesionales de la salud: ¿Quiénes cuidan a los que cuidan?”, concluyó la doctora María Isabel Del Pópolo.